Despilfarro y corrupción

27 Ago 2015

Esperanza Aguirre no falta a su cita periódica con los titulares de prensa, aunque seguramente su llamativa iniciativa de proponer a Begoña Villacís como alcaldesa de Madrid, en sustitución de Manuela Carmena, 76 días después del nombramiento de ésta, con el apoyo a la candidata de ‘Ciudadanos’ por parte de las huestes populares, más los fieles de Antonio Miguel Carmona en el Ayuntamiento, no ha tenido otra finalidad que quitar el foco de las informaciones sobre el despilfarro de dinero público conocido en relación a la Ciudad de la Justicia, siendo la “lideresa”, adalid de aplicar el liberalismo para los demás, pero no a los propios, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los detalles conocidos son escalofriantes, tanto en lo cualitativo, como en lo cuantitativo, ya que 105 MM euros fueron enterrados en ese abortado proyecto, incluyéndose en ellos desde los 10,6 MM euros pagados al arquitecto Norman Foster, a pesar de no haberse ejecutado lo que le fue encomendado, ni siquiera conservarse el documento que recogía dicho encargo. El desarrollo del plan incluía la construcción de 12 edificios, de los que solo uno está en pie, tasado actualmente en 17 MM euros, siendo lo único que queda de la inyección inicial de dinero público, de 130 MM euros, el resto se ha dilapidado entre auditorías, abogados, pagos de proyectos no realizados y nóminas.

Para la gestión de este macroproyecto, se optó por constituir una empresa 100% de capital público, pero sujeto al derecho privado, denominada Campus de la Justicia de Madrid, con lo que el control de lo que se hacía en ella, de a quién se contrataba y de quienes eran sus proveedores, quedaba subsumido como asuntos privados fuera de los controles de la cosa pública, vía, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, reclutando digitalmente a “gentes de buena familia”, propios naturalmente, como el hijo del Sr. Arias Cañete o la hija del socio de éste en un bufete, además de seis personas vinculadas directamente con quien era, durante la creación del Campus, consejero de Justicia de la CAM, Alfredo Prada, y ahora Presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, por el PP, e incluso un habitual del circulo próximo de la Sra. Aguirre, Miguel Giménez de Córdoba, con quien comparte su afición al golf, todo en una plantilla en la que diecisiete de sus veinte miembros fueron contratados como “jefes” con sueldos que llegaban a superar los 100.000 euros, que mantuvieron sus puestos hasta 2012, aun sin trabajo que realizar, teniendo en cuenta que en 2008 la Comunidad de Madrid renunció a la realización del macroproyecto.

Pero el “absolutismo” y el despilfarro aplicado en todo lo concerniente al Campus de la Justicia de Madrid por parte de la administración de la comunidad autónoma presidida por la Sra. Aguirre no quedaron, solo, en la administración digital de puestos de trabajo, sueldos y prebendas, sino que quedaron ejemplarizados, incluso, en detalles como los precios que aplicaba la gestoría “elegida” para dar soporte a esa sociedad, con cinco veces más directivos que empleados a los que dirigir, quien facturaba entre 33 y 90 euros por recibir un fax o una llamada telefónica, realizar una consulta o los 500 euros por asistir a una reunión, sin duda todo ello prueba del “liberalismo” asimétrico entendido como “ley del embudo”: la boca estrecha para los demás y la boca ancha para quien administra como propio, el dinero de los ciudadanos.

Todo lo ocurrido en relación a este dispendio de fondos públicos sucedió bajo las presidencias, sucesivas, del Consejo de Administración de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, de Alfredo Prada, Francisco Granados y Salvador Victoria, sin ser menor el detalle de que el ex_número dos de Esperanza Aguirre, ahora en prisión, encargase un informe sobre el estado de la Justicia, que no llegó a utilizarse, que reproducía información general de acceso gratuito, por el que se pagaron 76.000 euros de dinero público.

La condesa consorte de Bornos, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, siempre ha tenido la misma desenvoltura para manejar asuntos cómo éste, algo parecido sucedió con Caja Madrid cuando ésta quedó al pairo de su poder absoluto en todo lo que sucedía en Madrid, como quedó demostrado cuando consiguió que su secretaria, Mercedes Rojo Izquierdo, fuera designada consejera de la entonces tricentenaria entidad financiera o cuando intentó designar presidente de ella a su delfín político Ignacio González.

Naturalmente la Sra. Aguirre niega la mayor e intenta justificar los despilfarros conocidos bajo su responsabilidad política, igual que se presenta como una víctima de lo ocurrido a su alrededor en las tramas Gürtel ó Púnica, en las que participaron buena parte de sus colaboradores más cercanos, pero más allá de ello, las palabras despilfarro y corrupción aparecen, en exceso, en el relato de lo sucedido bajo su gestión, presuntamente…